Diputada Marzán pide intervención de Superintendencia de Seguridad Social por Cierre de sucursal de AFP Capital en Los Andes

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Frente al anunciado cierre de la sucursal de AFP Capital de Los Andes a partir del 31 de agosto, que dejará sin posibilidad de atención presencial a afiliados de las comunas del interior de la Región, la diputada Carolina Marzán ofició a la Superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana, y al Subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, para que supervigilen la situación y soliciten a dicha AFP reevaluar el cierre de dicha sucursal.

Usuarios de Calle Larga, San Esteban, Rinconada, San Felipe, Putaendo, Panquehue, Catemu, Llay Llay, La Calera, Quillota, Hijuelas, Nogales, Cabildo, Los Vilos, Los Molles, Til Til, Colina, entre otras, no tendrán opción de atención presencial más que en Viña del Mar o Santiago.

“Hemos recibido el llamado de personas adultas mayores y con discapacidad por la problemática que les genera el cierre de oficinas de AFP Capital. Esta AFP ha ido cerrando paulatinamente sus sucursales al interior de la Región de Valparaíso y ahora anuncian que cerrarán la última que quedaba en Valle del Aconcagua, pese a que cobran comisión a sus clientes por administración. Si bien la digitalización de servicios públicos es un progreso para el país, no podemos olvidar que hay personas que aún no tienen acceso a las tecnologías necesarias para ello, siendo fundamental la atención presencial para la realización de sus trámites. Por esto oficié a la superintendencia de seguridad social y al subsecretario de previsión social que supervigilen esta situación y soliciten a AFP Capital que reevalúe el cierre de esta sucursal”, dijo la diputada Carolina Marzán.

Por su parte, Fernando Bravo, uno de los vecinos afectados de Los Andes señaló que “la oficina que está aquí en Los Andes es la única que nosotros tenemos en la región cordillera, por lo tanto, cualquier situación que nosotros no podamos hacer a través de un internet, tendríamos que ir a Santiago o a Viña del Mar y ahí incurren algunos costos. Nosotros tenemos un costo administrativo que cuando cierren las oficinas no sé qué va a pasar ¿nos van a dejar de cobrar? no creo y además lo otro es que aquí las señales de internet son bien inestables porque estamos rodeados de cerros entonces los trámites que se hacen a través de internet se muestran con páginas caídas. Lo segundo es que a mí me trae un costo determinado cuando necesite un documento y tenga que imprimirlo o bajarlo de algún sistema. A mí me está trayendo un costo adicional todo esto además de lo que implica la incomodidad y lo difícil que es trasladarse de un lado a otro porque yo trabajo todavía.”

En tanto, Juan Astudillo, adulto mayor afectado de San Felipe que lleva cotizando más de 50 años, señaló que “como adulto mayor tenemos problemas con la cosa de internet. Yo soy de San Felipe teníamos una oficina ahí y la cerraron y las diligencias hay que ir a hacerla a Los Andes y ayer me llamó una ejecutiva de la AFP diciéndome que me podía atender en Viña o en Valparaíso, entonces imagínate tú para requerir información uno necesita una comunicación directa con alguien para que le solucione los problemas porque quedas atado de manos cuando no es un contacto directo. Nosotros como afiliados necesitamos un buen servicio, por algo nos cobran comisiones por manejar nuestro dinero y nadie nos pregunta nada a nosotros llegan y hacen los cambios.”

Cabe señalar que algunas de las personas afectadas interpusieron un recurso de protección. “Son personas pensionadas de la AFP, adultos mayores, una de ellas con discapacidad física incluso que además tiene un domicilio en Cabildo, entonces ella desde cabildo se traslada hasta Los Andes. Entonces frente a eso y teniendo presente que a juicio de esta parte se vulneran garantías constitucionales que tienen que ver con la seguridad social es que se interpone el recurso de protección. Hemos reunido antecedentes donde hay jurisprudencia desde la corte suprema que impide a las administradoras de fondos de pensiones cerrar físicamente sus sucursales para atención de sus afiliados y al cerrar sus sucursales se les genera una carga extra a estos afiliados de tener conexión a internet, aparatos tecnológicos”, dijo Paulina Fernández, abogada que lleva la causa.

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